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Juicio a las Juntas Militares (Causa 13/84)

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dicta sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares (Causa 13. Año 1985). La sentencia confirmaba la noción de un plan sistemático de exterminio, justificaba la fuerza probatoria de los testigos y descalificaba los argumentos de la defensa. Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato.

Los acusados fueron los integrantes de las tres primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978) que conformaron la primera junta militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1978 y 1979), que formaron parte de la segunda junta militar (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979 y 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1981 y 1982), Basilio Lami Dozo (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982), que integraron la tercera (1981-1982).

Los únicos que recibieron la pena de prisión perpetua fueron los integrantes de la primera Junta Militar, mientras que los de la tercera fueron absueltos.Leer el texto completo de la sentencia: condena y absoluciones (Fuente: www.derechos.org)

Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo

Ante la inminencia de la asunción de un nuevo gobierno democrático, que presumiblemente intentaría juzgar los crímenes cometidos durante el “Proceso”, los militares dieron a conocer, en abril de 1983, un informe denominado “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”.

En ese informe las Fuerzas Armadas ofrecían una versión justificatoria de su propio accionar. El pasado se presentaba como una “guerra” de consecuencias dolorosas pero inevitables, en la que, “como en toda guerra”, se habían cometido algunos “errores y excesos”. Había sido, en definitiva, una “guerra sucia”. Este documento, advertía, además, que “...quienes figuran en nóminas desaparecidos (…) se consideran muertos”.

El “Documento Final” fue categóricamente rechazado por el movimiento de derechos humanos, por la mayor parte de los actores políticos movilizados y por importantísimos sectores de la opinión pública. .Leer el Documento Final de la Junta Militar

Estrategia represiva de la dictadura militar. La doctrina del paralelismo global - Augusto Conte Mac Donell y Emilio F. Mignone

Durante la última dictadura militar (1976-1983) la labor de diversos organismos de derechos humanos, de familiares de personas detenidas-desaparecidas, de sobrevivientes de centros clandestinos de detención y de exiliados estuvo orientada, en gran medida, a la denuncia en el espacio internacional de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado argentino.

En ese marco, un grupo de abogados argentinos exiliados en Francia emprendió la organización de un Coloquio que tuvo finalmente lugar en París a comienzo de 1981- sobre las desapariciones forzadas de personas con el fin de contribuir al aislamiento de la dictadura militar. Durante el mismo, Augusto Conte Mac Donell y Emilio F. Mignone presentaron un trabajo que caracterizaba a la doctrina represiva de la dictadura militar como la doctrina del paralelismo global (por el paralelismo entre un orden normativo, público y uno fáctico, secreto). Leer el texto (Fuente: CELS)

 
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina (1980)

En septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la Argentina. Se trataba, en rigor, de una misión de observación en respuesta a las denuncias recibidas. Durante el tiempo que duró la misión, la Comisión entrevistó a numerosas personalidades, a autoridades públicas y a miembros de organizaciones de la sociedad civil y de Derechos humanos.

Por otro lado, la Comisión invitó, a través de la prensa, a todos aquellos que consideraran que algunos de los derechos establecidos en la Declaración Americana habían sido violados a presentar la correspondiente denuncia. Durante una semana se recibieron 5580 denuncias en varias ciudades del país.

El informe correspondiente fue aprobado en 1980, en él se reflejaban claramente las graves violaciones a los derechos humanos. Fue por ello que el gobierno militar sólo permitió la publicación de sus conclusiones. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) logró distribuir clandestinamente 500 ejemplares del informe completo que incluía los nombres de los entrevistados y otras precisiones. Fuente: CIDH.Leer el informe (Fuente: CIDH)

 
Solicitada "Sólo pedimos la verdad" (10 de diciembre de 1977)

La solicitada, publicada en el Diario La Nación el 10 de diciembre de 1977, fue suscripta por alrededor de ochocientos familiares de personas desaparecidas que reclamaban por el destino de sus seres queridos. Dos días antes de su difusión, varias personas fueron secuestradas y desaparecidas para desalentar la difusión de este documento. Las Madres de Plaza de Mayo decidieron continuar adelante con la publicación.

La operación por la cual estas personas desaparecieron fue dirigida por Alfredo Astiz, quien se infiltró en la organización bajo el seudónimo de Gustavo Niño. En la tercera columna del documento, abajo, puede leerse dos veces la firma de Gustavo Niño (con un renglón de diferencia y dos números de documento de identidad distintos).Ver la solicitada

 
Comunicado Nº1 de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas (24 de marzo de 1976)

El 24 de marzo de 1976 Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), anunció a través del Comunicado Nº1 que la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas había tomado el poder.Escuchar el Comunicado

 
Operativo Independencia (decreto presidencial N° 261 del 5 de febrero de 1975)

El decreto presidencial N° 261 del 5 de febrero de 1975 (aprobado y refrendado durante el gobierno de la Presidente María Estela Martínez de Perón por el gabinete de gobierno y por el Congreso respectivamente), daba lugar al “Operativo Independencia”. El Ejército pasaba a ocupar buena parte de la provincia de Tucumán con el objetivo de “aniquilar” el foco guerrillero instalado allí desde finales de 1974.

Cinco mil hombres (conscriptos, oficiales y suboficiales del Ejército, a los que más tarde se sumaron efectivos de la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía) participaron en la primera “batalla” de la “guerra antisubversiva”, enfrentándose a un contingente de poco más de un centenar de guerrilleros. El accionar en Tucumán configuró el modelo represivo que más tarde se aplicaría a escala nacional.Ver el decreto